Adjudicaciones por debajo de precio e incumplimientos de los pliegos: así se privatizaron seis residencias públicas en Aragón

Inaguración Residencia Santa Ana de Utebo
La expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en la inauguración de la Residencia Santa Ana de Utebo, que gestiona DomusVi. Foto: Gobierno de Aragón.

El 70% de las residencias en Aragón son privadas. Entre las, teóricamente, públicas, hay 15 que dependen del Gobierno de Aragón. Seis de ellas (todas en Zaragoza) son de gestión privada. Las adjudicaciones se hicieron, de media, con una rebaja de 4,44 millones de euros sobre el presupuesto base. Además, el Ejecutivo tiene 1.290 plazas concertadas y paga alrededor de 1.480 euros mensuales por cada una de ellas.

Nueva ola, rebrote, segunda parte de la primera ola… Aún no se había alcanzado una pizca de normalidad (ni nueva ni vieja) y la situación vuelve a ser sumamente preocupante. Y otra vez, el foco se pone en las residencias. No en su personal –héroes y heroínas– pero sí en su gestión, dentro de un sector que lleva años viviendo bajo la sombra del afán privatizador.

El pasado 24 de septiembre eran 42 los brotes activos en estos centros en Aragón, que afectaban a 780 residentes y 222 trabajadores. Las cifras han crecido tras detectarse un nuevo brote en la residencia municipal de Calatayud.

En Aragón, según el recién publicado Informe del Justicia sobre las Residencias de Personas Mayores, hay 278 residencias, con capacidad para 18.972 personas. El 70 % son privadas. Del 30 %, teóricamente, públicas, la gran mayoría es de propiedad municipal o comarcal y hay 15 que dependen directamente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). De ellas, seis son de gestión privada.

Para más inri, el IASS, a través del Acuerdo Marco de plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia, tiene plazas concertadas en 148 residencias, tanto públicas (las municipales o comarcales) como privadas. En la actualidad, por cada plaza concertada, el Gobierno aragonés paga unos 1.480 euros mensuales, aunque esta no es una cantidad fija, ya que depende de distintas variables.

A tenor de lo publicado por el Instituto Aragonés de Estadística, a 31 de diciembre de 2017, el IASS tenía 467 plazas concertadas en residencias de corporaciones locales o comarcales, 321 en residencias sociales y 502 en residencias mercantiles. En total, 1.290 plazas, lo que (multiplicado por los alrededor de 1.480 euros que se abonan en la actualidad) supondría una aportación de 1,9 millones de euros al mes. Si se reduce la ecuación a las concertadas en centros privados (502), el Gobierno de Aragón pagaría, cada mensualidad, más de 740.000 euros a estas entidades.

En julio de 2018, se aprobó el nuevo Acuerdo Marco con un presupuesto de 76,3 millones de euros para cuatro años, es decir, algo más de 19 millones de euros anuales, lo que suponía un incremento del 21 % respecto al anterior. Cantidad que, no obstante, se puntualizaba que era un presupuesto mínimo inicial, “que puede incrementarse año a año dependiendo de la disponibilidad presupuestaria”. En lo que iba de esa legislatura (tres años), el Gobierno de Aragón había aumentado en un 60 % el número de plazas concertadas.

Tres privatizaciones del PSOE y otras tres del PP

De las 15 residencias que son propiedad del Ejecutivo aragonés, tres están en Teruel (todas de gestión pública), dos en Huesca (también de propiedad y gestión pública) y 10 en Zaragoza (cuatro públicas y seis privadas). Si el tiro se centra únicamente en Zaragoza capital, hay cuatro centros (uno de gestión pública –la Residencia para Personas Mayores Romareda– y tres dependientes de entidades privadas). Tras el dibujo general, es interesante inquirir en el proceso privatizador que ha afectado a algunos de estos centros.

La privatización de los mismos se la reparten a partes iguales administraciones socialistas y populares: en 1998 (con Gobierno del PP y el PAR y Santiago Lanzuela al mando) nació con gestión privada la Residencia de Alagón; en 2005 y 2009 se privatizaron tres centros (siempre con gobiernos del PSOE y el PAR liderados por Marcelino Iglesias), y en 2014 llegó el turno de otros dos, con un Gobierno PP-PAR, que tenía a Luisa Fernanda Rudi a la cabeza.

El importe de adjudicación fue, de media, un 15,1 % más bajo que el presupuesto base

En 1998 (Gobierno PP-PAR) se inauguró la residencia de Alagón. Su gestión, desde el primer momento, correspondió a la Fundación Rey Ardid, y el Ejecutivo aragonés destinó 107 millones de euros para su mantenimiento durante los años 1998 y 1999. En 2005 (PSOE-PAR), la adjudicación salió a concurso y, de nuevo, la beneficiaria fue la Fundación antedicha por un importe final de 2.462.100 euros para dos años. Coincide en este caso (no es en absoluto la práctica habitual) con el presupuesto base de licitación.

Cambió de gestión en enero de 2014 (PP-PAR). La adjudicación fue para Albertia Servicios Sociosanitarios S. L., por un importe final de 13.000.129,40 euros. O lo que es lo mismo, 3,45 millones de euros menos que el presupuesto base (un 21 %).

En los pliegos elaborados por el IASS a la hora de convocar la licitación del contrato de gestión se estatuye el número mínimo de trabajadores que debe haber. En él se exige la presencia de ocho auxiliares de servicios generales a jornada completa de lunes a domingo. De hecho, en el mismo pliego se especificaba –en el apartado de subrogación del personal– que ya había ocho personas ejerciendo esta labor.

Sin embargo, según la Memoria de la Residencia, a la que ha tenido acceso AraInfo, en 2018 eran siete las personas contratadas con esta categoría, de las que, además, tres tenían una relación laboral eventual. Sí cumplen con el resto de exigencias y, en algún caso, como el de auxiliares gerocultores o fisioterapeutas, con más efectivos de los requeridos.

No en todas las ocasiones la adjudicación y posterior gestión presenta irregularidades (pero casi). Nada que objetar en ese sentido sobre la Residencia de Las Fuentes. Abrió sus puertas en abril de 1997 y, en 2005, fue adjudicada a la UTE formada por Valoriza Facilities y Fundación Salud y Comunidad por, exactamente, el presupuesto base: 3.576.220. En 2013, este centro fue el mejor valorado por usuarios y familiares en una encuesta elaborada por la Administración.

Residencia Elías Martínez de Torrero: Aralia Servicios y su reguero de sanciones

El 18 de marzo de 2010, el entonces presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, inauguró la Residencia y Centro de Día Elías Martínez Santiago, en el barrio de Torrero. Unos meses antes, el 19 de noviembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la adjudicación de su gestión a favor de Aralia Servicios Sociosanitarios S. A. por un importe final de 42.450.129,74 euros, lo que supone una rebaja de 7,5 millones respecto al presupuesto base (-14,9 %).

Como en otros casos, en el Pliego de Prescripciones Técnicas se estatuyen los profesionales que debe haber para cada uno de los diferentes servicios. En la Memoria de 2018 de esta residencia indican el número total de trabajadores y trabajadoras (169), pero sin especificar ni cuáles son sus responsabilidades ni si son personal fijo o eventual. Ergo, es imposible saber si está cumpliendo con los pliegos. Se dice, de igual forma, que el centro cuenta con 216 plazas, mientras que en la Memoria indican que son 206.

Inspección de Trabajo ya sancionó a Aralia por incumplir la normativa en materia de periodos de descanso de la plantilla con trabajo a turnos de todos los días de la semana -principalmente personal de limpieza, cocina y auxiliares- y por no existir causa justificativa acreditada de los contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción.

Es intenso el trabajo que realiza el departamento jurídico de esta empresa –fundada por José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel, Púnica y Enredadera–, ya que arrastra un reguero de sanciones. A tres de sus centros en Madrid se les ha abierto expediente durante la crisis del coronavirus y otro acumulaba tres denuncias previas.

Antes que la de Torrero, se adjudicó, en este caso a la Fundación Rey Ardid, la Residencia de Delicias, sita en Vía Universitas. No acumula acusaciones como la anterior, aunque sí se cumplió con la tradicional rebaja en el importe: los 26.461.264,19 millones iniciales se quedaron en 22.492.083,06. Por tanto, una minoración de 3,96 millones de euros, de nuevo un 14,9 %.

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El expresidente de Aragón Marcelino Iglesias en la inauguración de la Residencia Elías Martínez de Torrero. Foto: Gobierno de Aragón.

Las polémicas privatizaciones de Rudi: Movera y Utebo

Impregnada de controversia estuvo la doble privatización que, en 2014, llevó a cabo el Gobierno de PP y PAR liderado por Luisa Fernanda Rudi. La primera fue la de la Residencia Santa Ana, de Utebo, cuya adjudicación a Sar Residencial y Asistencial (SARquavitae) –posteriormente DomusVi– se publicó en el BOA el 1 de abril de 2014 con un descenso en el precio final de 6,9 millones de euros (21 %): de 33.071.144,08 a 26.123.470,71 millones.

Este centro abrió sus puertas el 14 de abril de 2014 y los primeros residentes que recibió fueron los de la Residencia de Movera, que se había cerrado por obras. El debate no cesó con su inauguración, ya que son varias las quejas presentadas ante Inspección de Trabajo por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

A una de ellas respondió Inspección, en abril de 2015, reconociendo una serie de carencias como la inexistencia de Libro de Edificio, Lista de Industriales, Libro de Mantenimiento y Contrato de Mantenimiento de Extintores. En febrero de 2016, ya con el PSOE y el PAR en el Gobierno encabezado por Javier Lambán, se reconoció, por parte de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que el centro había estado funcionando durante casi dos años sin Plan de Autoprotección y Emergencias, “uno de los requisitos mínimos que exige la legislación para abrir un centro de estas características”.

Domus Vi es el grupo que más residencias gestiona en España, sus principales accionistas son el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group (IGC) y el multimillonario francés Yves Journel, y su reputación está quedando bajo mínimos durante esta pandemia.

Tras funcionar con gestión pública desde 1977, la Residencia de Movera pasó a manos privadas con la excusa de “llevar a cabo obras para adaptarla a la normativa vigente y la falta de liquidez para hacerlo”.

Así se explicita en la queja presentada ante el Justicia, el 23 de octubre de 2013, por la Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores de Aragón (Plademar). En ella se subraya que, unos meses antes de que el Ejecutivo de Rudi utilizará el ardid de las obras para ofertar la gestión del centro al sector privado, “la residencia había pasado una inspección técnica que dio su aprobación sin poner ninguna traba”.

Acusan en dicho texto al, por entonces, consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y a la directora del IASS, Cristina Gavín, de “trasvasar recursos-dinero público al sector privado para que unos pocos se coman la tarta y hagan negocio con el patrimonio de todos”. También les señalaban por no dar ninguna explicación a los residentes en el centro de Movera para “entrar en sus vidas y cambiarles las condiciones hasta el punto de trasladarlos de casa”.

La Residencia de Movera fue adjudicada a Clece que, por supuesto, consiguió un sustancial abaratamiento: de 25.880.012,59 a 21.028.000 (-18,7 %). Se inauguró el 13 de abril de 2015 con una importante pérdida en el número de plazas. Clece es una filial del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez.

“Ha habido inacción respecto a la asistencia sanitaria en residencias”

El ya comentado informe elaborado por el Justicia de Aragón se realizó con encuestas a 98 centros. Su primera conclusión es meridiana: “El número de personas fallecidas en centros residenciales de mayores en Aragón, no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia del Covid-19, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición”.

Destaca que algunos residentes han tenido más dificultades para acceder a la asistencia sanitaria que los que viven en un domicilio particular. Llegándose a dar casos, “afortunadamente minoritarios”, puntualiza, en los que ha existido “incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria in situ en las residencias”.

Hace hincapié también en la “escasez de profesionales suficientemente cualificados en muchos centros residenciales, con ratios escasas, y sin que se tenga en cuenta en estas las reales funciones que cada trabajador realiza”.

Respecto a esto, es basilar mencionar que las ratios en Aragón se establecen en una normativa de hace 28 años, el Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. En él se determina que, en las residencias de ancianos válidos, la ratio de personal ha de ser, como mínimo, del 0,25 (25 trabajadores por cada 100 internos), la exigencia sube al 0,30 en el caso de las residencias de ancianos mixtas y llega al 0,35 en las asistidas. Pero no se pormenoriza ni la especialidad, ni la categoría, ni los turnos que deben tener.

Apunta, por añadidura, el Justicia, que la mayoría de residencias manifestaron que tuvieron problemas para disponer de equipos de protección y que no fue hasta el 7 de abril cuando el IASS comenzó a suministrarlos, aunque de forma muy escasa en un principio.

Entre las recomendaciones, invita a las instituciones a pensar que, quizás, “ha llegado el momento de plantearse alternativa al fenómeno residencial tradicional al que, parece ser, se ha tendido en España de forma mayoritaria como casi única alternativa”.

Fuente

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