El Banco de España contra las pensiones y nuestros derechos

Sistema Público de Pensiones

El Banco de España contra las pensiones y nuestros derechos
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos,

Fernando Luengo y Manuel Garí, economistas

El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha asegurado recientemente que hay que buscar fórmulas alternativas a las actuales para garantizar las pensiones en el futuro, pues, en su opinión, el sistema actual es absolutamente insostenible desde el punto de vista financiero[1].

En un tono parecido, tres meses antes de su nombramiento, su predecesor, Luis María Linde, sin consideración alguna por las dificultades reales de supervivencia (y con mayor razón de ahorro) de gran parte de la clase trabajadora empobrecida y en plena crisis de los desahucios, llegó a afirmar sin escrúpulo alguno que “sería bueno que la gente no solo invirtiese en vivienda, sino también un poco en activos financieros”, a la par que colaba el manido mensaje de que veía difícil poder sufragar la revalorización de las pensiones en caso de vincularlas al Índice de Precios al Consumo (IPC)[2].

No es, por tanto, la primera vez que esta institución interviene, con argumentos supuestamente técnicos, en el debate político sobre las pensiones -como en ocasiones lo ha hecho sobre los salarios o la legislación laboral- con gobiernos de diferente perfil ideológico, pero con un denominador común: siempre con posiciones abiertamente neoliberales[3]. El BdE ha sido, en este sentido, así un ariete en la pelea involucionista.

Su gestión en los asuntos que son de su competencia -promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y supervisar su solvencia[4]– ha sido un fracaso, a la vista de casos como el de Bankia, el Banco Popular y las Cajas de Ahorro. Pero, eso sí, su injerencia ha sido constante, hasta convertirse en una obsesión, en la elaboración de informes sobre cuestiones ajenas a su función, en muchas ocasiones sin que medie petición gubernamental y extralimitándose claramente en sus competencias. Una manifiesta frivolidad, que ha contribuido a crear las condiciones ideológico-culturales para nuevos ataques a nuestro frágil sistema de protección social, poniendo sus razonamientos al servicio de la apertura de nuevos nichos de negocio privados que, de implantarse, “dualizarían” (aún más) la estructura social, cuyo resultado sería un aumento exponencial de la desigualdad.

El problema financiero que, según el BdE, lastra el sistema público de pensiones se deriva, principalmente, del envejecimiento de la pirámide poblacional y del mantenimiento de la edad de jubilación. La receta: reducción del importe de la pensión y aumento del número de años necesarios para convertirse en pensionista.

Este diagnóstico queda desmentido tanto por los informes sobre la Seguridad Social de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como del Tribunal de Cuentas. De su lectura podemos deducir que la situación financiera de la SS está lastrada por diversos factores, pero uno de ellos es especialmente importante: el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado y por tener que asumir los gastos de las pensiones no contributivas, los sanitarios que corresponden al Estado o los complementos a las pensiones mínimas. Por su parte, en esta cuestión el Tribunal de Cuentas es taxativo al señalar que la demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al Sistema de la Seguridad Social, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos, fundamentalmente cotizaciones sociales, la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social[5]. Ello explica que el débito del Estado a este organismo supere los 141.000 millones de euros, cantidad que aseguraría el mantenimiento y mejora de las pensiones contributivas.

En todo caso, si se centra la argumentación en el supuesto problema financiero de las pensiones, lo primero que hay que señalar es la responsabilidad de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos y las instituciones comunitarias. Políticas gobernadas por intereses corporativos que no han tenido otro objetivo que sacar tajada de la precarización e insostenibilidad financiera del sector social público. En concreto, el envejecimiento de la población supone un formidable negocio; los fondos privados ya han metido mano y esperan que de la crisis/quiebra de las pensiones públicas surjan nuevas parcelas de negocio.

Por lo demás, hay un desenfoque fundamental que, en buena medida, explica la problemática financiera de las pensiones. Quedan fuera del debate o bien ocupan un lugar periférico la insuficiente creación de empleo, la escasa calidad de este, los bajos salarios, el fraude empresarial y las numerosas irregularidades en materia de contratación y aplicación de la jornada laboral.

Frente a la estrategia neoliberal de confiscar, sin repartir, creemos necesario oponer una estrategia alternativa de apropiación democrática y social de nuestras decisiones, riquezas, medios y futuro.

El denominado “problema de financiación de las pensiones” hay que enmarcarlo en un cuadro conceptual más amplio que es el de la financiación de los servicios públicos esenciales. En nuestra opinión esos servicios son derechos humanos básicos, y recibir una pensión que garantice una vida digna entra dentro de esa categoría. Por ello partimos de una lógica antagónica a la de los diferentes gobernadores del BdE, pues proponemos que la norma constitucional debe garantizar para ellos la suficiencia financiera.

En un contexto de escaso o nulo crecimiento económico, de masiva destrucción de puestos de trabajo y de represión salarial, la sostenibilidad financiera de las pensiones pasaría porque se cubrieran con cargo a los ingresos impositivos. En coherencia con este planteamiento, sería necesario proceder a una profunda reforma de la estructura tributaria para introducir más progresividad fiscal, grabando en mayor medida las rentas altas y los grandes patrimonios. Esta es la reforma fiscal que cada vez es más necesaria, pero las resistencias políticas son enormes y la tibieza del gobierno es conocida.

Para poder atender los costes de la sanidad pública y de la salud laboral, así como los correspondientes a todo tipo de pensiones contributivas o no, hay que realizar una integración y armonización del conjunto de fuentes de financiación, aunque conserven sus especificidades y relativa autonomía, sea las derivadas de las cotizaciones sociales, sea las generadas por los impuestos de las administraciones.

Defendemos el sistema público de la pensión de reparto frente al negocio socialmente negativo de las de capitalización. La pensión de reparto se basa en un doble contrato en el seno de la clase trabajadora y, por extensión, de la mayoría social, lo que implica al conjunto de la sociedad. La generación que se jubila generó riqueza que permitió el avance del conjunto de la sociedad, incluida la generación de relevo que se benefició de aquel esfuerzo. A su vez, ésta toma a su cargo asegurar condiciones dignas de vida a sus antecesores. Es una cuestión de solidaridad intergeneracional en el seno de las clases trabajadoras y del conjunto de la sociedad con sus mayores cuya jubilación permite la incorporación al mercado laboral de las nuevas generaciones. Asunto de gran importancia dado el persistente paro masivo y la atonía de la actividad productiva.

El mantenimiento y mejora de las pensiones públicas exige acabar con la precariedad laboral, el descenso de los salarios, la pérdida de derechos y de capacidad de negociación colectiva, lo que implica la derogación de las dos últimas reformas laborales, combatir la brecha salarial agazapada en el laberinto de las clasificaciones profesionales que actúa contra las mujeres y, además, aumentar nuevamente el salario mínimo.

Una cuestión irrenunciable es el mantenimiento de su capacidad adquisitiva y un protocolo de actualización de las más bajas. Mantener y mejorar supone establecer que las pensiones mínimas contributivas son equivalentes al salario mínimo cuando sean las únicas que percibe la persona pensionista y que las no contributivas supongan el 75 % de ese salario. Ello obviamente deberá ir acompañado de la derogación de las últimas reformas de las pensiones auténticas conspiraciones y máquinas de guerra contra el bienestar y la dignidad de nuestros mayores; especialmente en lo referido al aumento de la edad de jubilación y al modo de revalorizar las percepciones que, como mínimo deben hacerlo conforme a la evolución  del IPC de forma retroactiva, así como suprimir la aplicación del factor de sostenibilidad que grava a las personas pensionistas según aumenta la esperanza de vida. En este contexto, defendemos la supresión de las reducciones por bonificaciones y las exoneraciones de cuotas y, por supuesto combatiendo con medios y decisión el fraude en las cotizaciones a la seguridad social.

[1] https://www.lasprovincias.es/economia/pensiones/ultimas-noticias-sobre-20200627134630-nt.html

[2] https://www.publico.es/economia/gobernador-banco-espana-reprocha-jubilados-ahorran-fondos-pensiones.html

[3] Hernández de Cos ha realizado diversas declaraciones sobre la necesidad “flexibilizar” el mercado laboral, al igual que lo hizo Fernández Ordóñez cuando pidió abaratar el despido, suspender los convenios colectivos durante un par de años, o implantar la ‘mochila austriaca’ y el contrato único siguiendo el discurso de Ciudadanos y de FAES. Por su parte, Luis María Linde planteó la supresión del Salario Mínimo Interprofesional para sectores de trabajadores e incluir en los análisis sobre la cuantía de las pensiones la vivienda en propiedad de los jubilados.

[4] https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/funcion/Funciones.html

[5] Tribunal de cuentas. Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018 https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

Fuente

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