España, teatro de prácticas corruptas

Caciquismo y corrupción

España teatro de prácticas corruptas

José Manuel Naredo, Economista y Estadístico 

Es necesario alcanzar un pacto que permita romper con la larga y penosa tradición de caciquismo clientelar y picaresca que sufre nuestro país y que propicie, por fin, la virtud política

Las crisis y penurias que arrastra la pandemia deberían de ser un revulsivo para exigir saneamiento político frente al mar de corrupción imperanteen nuestro país. ¿Cómo un país cuyo monarca regala sobre la marcha cien millones de euros a una de sus amantes, que despilfarra el dinero a mansalva en megaproyectos absurdos con innumerables mordidas (en parte asociadas a la privatización del sistema sanitario)…o cuyos grandes evasores de impuestos pueblan los paraísos fiscales, puede tener moral para solicitar ayudas a la UE porque se siente pobre para sobrellevar la cosa? Esta situación exigiría poner primero orden en casa paliando este panorama vergonzosamente injusto, para permitir que levante cabeza la virtud política que, al decir de Aristóteles, se apoya precisamente en los sentimientos de justicia y de vergüenza.  Pero, ¿se va a seguir soslayando este panorama singularmente corrupto? (al que dedico más de 50 páginas en el libro Taxonomía del lucro (Madrid, Siglo XXI, 2019) constatando su gran peso económico y su carácter sistémico). Valga este texto para incentivar a que se hable de ello reflexionando sobre los dos temas enunciados en el título.

La palabra “corrupción” se refiere a la obtención de ciertos beneficios o ventajas mediante tratos de favor que atentan contra la moral establecida, pero el problema es que la delimitación de las prácticas corruptas alberga amplias dosis de ambigüedad. La legislación acostumbra a marcar esa frontera y la reforma del Código Penal de 2015 abrió la puerta hacia nuevos delitos económicos vinculados a formas de “apropiación indebida” distintas del “robo” y de la “estafa”, al incluir los delitos de “administración desleal” e “insolvencia punible”. La corrupción, en principio más ligada a la gestión de caudales, contratos o bienes públicos (mediante figuras como el cohecho, la malversación de fondos o el tráfico de influencias) se ha extendido hacia la empresa privada de la mano de los nuevos delitos, dándole una consideración mucho más amplia. Pues la creciente separación entre los directivos y la propiedad atomizada en el accionariado disperso de las grandes corporaciones empresariales aportó el terreno propicio para que la “administración desleal” pudiera prosperar, al tratar los directivos de beneficiarse a costa de la entidad que gestionan.

La corrupción, en principio más ligada a la gestión de caudales, contratos o bienes públicos se ha extendido hacia la empresa privada de la mano de los nuevos delitos, dándole una consideración mucho más amplia

Pero la frontera que marca la legislación depende de lo estricta que esta sea y abre la pregunta: ¿puede haber corrupción legal? Por ejemplo, en Lanzarote han sido declaradas ilegales –con sentencias firmes– dos millones de metros cuadrados de licencias municipales concedidas irregularmente por contravenir el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Pero lo que ha sido delito urbanístico en Lanzarote puede no serlo en la Comunidad Valenciana, cuya ley de suelo ignora ese tipo de planes y otorga grandes poderes al “agente urbanizador”. Precisamente, el abandono del planeamiento para desregular y supeditar las actuaciones urbanísticas a la autorización discrecional de los políticos ha generado durante la democracia un caldo de cultivo muy propicio a la corrupción, permitiendo presentar como buen hacer político y empresarial operaciones y “pelotazos” urbanísticos que durante el franquismo hubieran sido percibidos como escándalos. Así, la corrupción trata de legalizarse condicionando el marco institucional y parasitando los órganos del Estado en la medida de lo posible, aunque la sensación de impunidad propia de los poderosos les invita a transgredir con facilidad las fronteras del delito.

A mi juicio la gran contradicción es la que enfrenta a Estados que se pretenden “de derecho” (que teóricamente dan un trato igualitario a todos los ciudadanos) con las relaciones de caciquismo clientelar que se mantienen desde épocas inmemoriales y que hoy se plasman en el actual clientelismo político y económico que albergan y promueven en la sombra esas dos instituciones jerárquicas generalmente admitidas que son los partidos políticos y las empresas. Clientelismo que tiene una larga trayectoria en nuestro país y que, por definición, promueve tratos de favor y recompensas en el comportamiento de las burocracias políticas y empresariales que rompen con el pretendido trato neutro e igualitario que marcan los Estados de derecho.

¿Hasta qué punto se mantiene el viejo caciquismo bajo nuevas formas de clientelismo político? ¿Hasta qué punto permanecen vigentes las siguientes apreciaciones de Joaquín Costa y de Macías Picavea sobre los males del caciquismo que corrompían España?

“No es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es usual entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias […] O, dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas […] al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Joaquín Costa, 1901).

“El caciquismo encierra dos inferiores aspiraciones: dominar, no gobernar; expoliar, no administrar” (El problema nacional. Macías Picavea, 1899).

Valga como ejemplo de la pervivencia de estas prácticas de dominación y expolio lo ocurrido con el empeño de privatización del Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, analizado en el libro colectivo Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Madrid, Traficantes de Sueños, 2017). Ya que, además de relatar la trama del expolio, se adjunta una cronología detallada que evidencia que no fue algo improvisado, sino que se venía planificando desde hacía mucho tiempo.

Pero no cabe precisar aquí cómo ha mudado el caciquismo clientelar con orígenes más asociados al mundo rural que predominaba hace un siglo, hacia el caciquismo inmobiliario-financiero hoy imperante. Ni cómo mudó desde la escuela de corrupción y picaresca desatadas al calor del estraperlo, las licencias de importación, la reclasificación de terrenos y demás regalías discrecionales del franquismo, hasta el clientelismo desplegado en torno a los partidos políticos gobernantes y las grandes corporaciones empresariales en nuestra coronada democracia. Recordemos solo que la extensión de relaciones clientelares asociadas a las redes de poder oligárquico imperante en cada caso es la que ha mantenido la corrupción como un mal endémico.

¿Es España un país muy corrupto? Creo que sí lo es y en mi libro Taxonomía del lucro dedico a confirmarlo el capítulo titulado“España teatro de prácticas corruptas”y otros referidos a figuras de corrupción específicas. En la amplia casuística abarcada, se ve que la corrupción alcanza desde a la familia real, hasta expresidentes autonómicos y de la patronal, viendo que se trata de un problema sistémico y que tiene gran importancia económica directa e indirecta. Otra cosa es que hay que reconocer que estas prácticas se extienden también –tal vez de forma menos descarada o más discreta, al contar con mejores controles y una ciudadanía más crítica– en otros países europeos de capitalismo maduro. Para aclarar este tema remito a dos libros muy ilustrativos sobre la corrupción y las redes de poder en el Reino Unido: los de David Whyte, How corrupt is Britain? (Londres, PlutoBooks.com, 2015) y de Owen Jones El Establishment(Barcelona, Seix Barral, 2015).

Hay que reconocer que estas prácticas se extienden también –tal vez de forma menos descarada o más discreta, al contar con mejores controles y una ciudadanía más crítica– en otros países europeos de capitalismo maduro

Concluiré subrayando que el problema de la indefinición de la corrupción parte de que la moderna idea de “sistema económico” cerró en falso el divorcio entre “economía” y “crematística” que se había planteado desde Aristóteles advirtiendo que podía haber negocios tanto más lucrativos cuanto menos económica y socialmente recomendables. Pues la metáfora absoluta de la producción y la meta del crecimiento económico justificaron (o ignoraron) las distintas formas de lucro, al agregarlas indiscriminadamente (o al excluirlas) en el PIB y presuponer en este caso que generan siempre “bienes y servicios” útiles. Cuando es evidente que el aeropuerto sin aviones de Castellón…o los sobrecostes de hasta un 60% facturados en algunos tramos de las obras faraónicas de la M-30 han sumado en el PIB. Y cuando las empresas más rentables son las más corruptas y no las más eficientes y mejor organizadas (como constata Óscar Carpintero, “Corrupción y beneficios empresariales”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, nº 135, pp. 25-37). De ahí que me parta de risa al ver trabajos académicos que se pretenden serios, que calculan lo que la corrupción puede rebajar el crecimiento económico del PIB, cuando corrupción y PIB no son conjuntos disjuntos, sino que el lucro corrupto engrosa el PIB. De ahí que, en vez de darlo por bueno, hay que romper el cajón de sastre del PIB para ver de dónde sale el lucro que alberga y analizar también el lucro cada vez mayor que queda fuera del PIB (como es el procedente de los “pelotazos” bursátiles o inmobiliarios, que según las estadísticas del IRPF tienen un peso relevante que crece con el nivel de renta de los declarantes, tanto en España… como en EE.UU.).Y de ahí la necesidad de elaborar una “Taxonomía del lucro” para identificar y penalizar mejor las prácticas corruptas, tal y como señalo en el libro así titulado.

Y volviendo a lo inicialmente planteado, creo que el hecho de que, en estos tiempos de crisis y penurias desatadas por la pandemia, asociaciones y grupos de juristas estén impulsando una Ley Integral de Prevención y Lucha contra la Corrupción (que cumpla con la obligación pendiente de transponer la Directiva de Protección del Denunciante aprobada el año pasado en la UE) señala una oportunidad de oro para proponer un gran pacto de Estado por el saneamiento político y económico del país, a suscribir por todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales, que recoja y potencie estas iniciativas. Un pacto que estarían llamadas a suscribir todas las personas y organizaciones que no tengan intereses mezquinos o inconfesables vinculados a la corrupción, con independencia de sus orientaciones culturales, políticas… o religiosas. Un pacto que permita romper con la larga y penosa tradición de caciquismo clientelar y picaresca que viene sufriendo nuestro país y que propicie por fin la virtud política.


Este artículo reelabora y amplía el texto que hice para introducir y orientar las preguntas del debate sobre corrupción promovido por ATTAC el 5 de junio de 2020 (en el que participaron profundizando en el tema Irma Ferrer, Andrés Villena y Lara Carrasco).

José Manuel Naredo es un economista y estadístico español, pionero, estudioso y divulgador de la economía ecológica en España

Fuente

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