ERTE: fraudes y urgencias en un país arrasado por la pandemia

ERTE fraudes y urgencias

Esta herramienta ha garantizado la cobertura social y el empleo de miles de personas. Desde el inicio de la pandemia, Trabajo ha abierto más de 31.000 expedientes contra empresas, y ha impuesto unas 3.000 sanciones por valor de 13 millones

por Gorka Castillo

La trampa deja de serlo cuando se habla de ella y desaparece el factor sorpresa. Es lo que le ha sucedido al gigante siderúrgico Arcelor Mittal tras aplicar un ERTE sospechoso en plena pandemia. Afectaba a 8.207 trabajadores de los once centros que tiene repartidos por España. El sindicato vasco ELA denunció la treta después de detectar irregularidades en las cuentas de dos sociedades que forman parte del grupo, y la Audiencia Nacional ha rematado que el proceso fue “un fraude”, una falsificación en toda regla. Los magistrados aprecian “mala fe” en el comportamiento de una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35 y cuya sede central está en Luxemburgo. Si pierde el recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo, tendrá que reintegrar los salarios a los trabajadores afectados y estos, a su vez, devolver a la administración las prestaciones percibidas desde el 8 de mayo.  Pero hay más. “Que la justicia se haya pronunciado con tanta dureza es una buena noticia porque supone reparar los derechos de sus trabajadores, recuperar lo que ha defraudado e imponerle la consiguiente multa, cuyo montante irá a parar al erario público”, añade Anabel Segado, abogada laboralista de Activa-T, una red de juristas de ámbito estatal que trabajan en todas las áreas legales bajo la premisa de defender los derechos humanos. 

Desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a pasar la lupa a la contabilidad de las empresas atrapadas en el lodo de la pandemia se han abierto 31.142 expedientes por fraudes que han desembocado en 2.859 infracciones por un importe de 12,9 millones de euros. Son datos provisionales porque la labor inspectora no ha terminado y quedan aún 10.000 expedientes por descifrar. Lo que de momento cuestionan estas cifras es la honradez de ciertas compañías y destapan algunos de los vicios consentidos por las autoridades laborales en el pasado para que ciertas empresas, algunas transnacionales, conserven sus pingües beneficios en época de crisis. Durante los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy, por ejemplo, las inspecciones laborales se redujeron de forma considerable, a razón de 71.000 al año entre 2012 y 2017. 

“Lo habitual es que el dinero público fluya más hacia las compañías que no lo necesitan. Las que menos impuestos abonan son las que más dinero público pueden llegar a ingresar. Esa es una de las grandes contradicciones que se han venido produciendo hasta ahora”, apunta el secretario general de la federación de industria y construcción del sindicato ELA, Unai Martínez, miembro del equipo que denunció a Arcelor en los tribunales y que continúa revisando oleada de expedientes a la búsqueda de ERTEs sin la debida justificación. Martínez no duda en señalar a las diferentes reformas laborales acometidas en las últimas décadas como el origen de tanto fraude “porque han facilitado a las empresas la utilización de las dos formas de regulación de empleo –los ERE y los ERTE–, a costa de desproteger al trabajador”. 

Picaresca, engañar, fingir y reclamar. El dopaje financiero con dinero público es, a juicio de los sindicatos, una práctica habitual en tiempos de zozobra como el actual. Y la mayor parte de las veces se produce por la ceguera transitoria que suele atacar a las autoridades laborales cuando se enfrentan a este tipo de procedimientos. Pese a que el trámite no precisa de la aprobación administrativa, el Ministerio de Trabajo ha desautorizado con cierta discreción varios expedientes temporales de regulación de empleo como el de Arcelor porque resultaban insólitos y poco sensatos. Las cuentas eran un cúmulo de interrogantes. 

El pasado mes de octubre, nada más decretarse el segundo estado de alarma, la firma irlandesa Primark anunció un ERTE para toda su plantilla, más de 7.000 empleados repartidos por más de 45 establecimientos, que los sindicatos lograron frenar. ¿De quién depende la última decisión? “De las autoridades laborales competentes. Si la compañía tiene centros de trabajo en una comunidad autónoma, lo resolverá la comunidad autónoma. Si los tiene en dos o más comunidades, lo decide la Dirección General de Trabajo”, responden fuentes del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, las decisiones que han tomado las diferentes administraciones en esta materia no han sido iguales en unas comunidades y en otras. Hay autonomías que han ejercido un rol a la contra desde el comienzo de la crisis. También a la hora de aceptar los ERTE. “Madrid es un ejemplo que conozco bien. La Consejería de Empleo y también los tribunales de justicia en la Comunidad no actuaron con lealtad en este proceso”, revela la abogada Anabel Segado.

Al margen de Arcelor, de Primark y de sus malas artes, otras transnacionales también sintieron la tentación de aprovechar las medidas especiales adoptadas por el Gobierno aligerando gastos con regulaciones temporales de empleo. Es el caso de Indra, que encara la recta final de un ERE en su filial Soluciones Tecnológicas de la Información; y El Corte Inglés, que ha incluido en el proceso a 10.827 trabajadores. Empresas como SEAT, que logró un beneficio de 248 millones de euros en 2019; la estadounidense Ford, con más de 5.200 millones de euros de ganancias; o la francesa Michelin, que reportó una rentabilidad neta de 844 millones de euros durante el primer semestre del pasado año, ya han regresado a la normalidad laboral.  

El dopaje financiero con dinero público es, a juicio de los sindicatos, una práctica habitual en tiempos de zozobra como el actual

Durante los peores momentos del confinamiento, decenas de empresarios encontraron cobijo bajo el paraguas de los ERTE para quedar exentos del pago de las cuotas de la Seguridad Social y de los salarios de casi cuatro millones de empleados. Entre abril y octubre, el Estado destinó casi 13.500 millones de euros a prestaciones por causa de urgencia. Al menos ya se sabe que esta cobertura estatal “al sistema productivo y al empleo” no concluirá el 31 de enero próximo, tal y como se acordó en la mesa de diálogo social hace dos meses, sino que se prorrogará “mientras la crisis sanitaria  lo haga necesario”, aseguró la ministra Yolanda Díaz durante el debate de los Presupuestos Generales.

Porque lejos de atenuarse, la sangría causada por la covid-19 sigue siendo descomunal, pese a las expectativas del Gobierno para que la leve recuperación sanitaria experimentada en verano se percibiera en otoño en el mundo laboral. Todo es lento como un tractor cargado con plomo. Datos oficiales, hechos públicos por la propia ministra, muestran que las restricciones de la segunda ola han sumado otros 150.000 trabajadores a la lista de expedientes temporales de empleo. Si la siniestra cifra de desempleados eventuales cayó en octubre por debajo de las 600.000 afectados, algo casi milagroso para un tejido económico tan dependiente del turismo y tan maltratado por la pandemia como el español, diciembre ha arrancado con 746.900 trabajadores en ERTE. Un ejército de damnificados que se une a las 2.553.677 personas que perciben prestaciones y subsidios de paro. 

Esta crisis sin precedentes se ha convertido en una brutal prueba de estrés para el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). Nadie lo duda. Ni sindicatos ni empresarios. Y su respuesta ha sido mala, notablemente peor de lo que algunos esperaban, lo que ha facilitado la pólvora a una oposición que transita por esta etapa de oscuridad con las armas cargadas. Primero fue en mayo, en un momento crítico para el Gobierno. Censuraron con ardor guerrero la lentitud en la tramitación de los expedientes de miles de afectados por los ERTE y los retrasos en los pagos de las prestaciones. Después llegó noviembre, cuando las demoras alcanzaron  a los subsidios de desempleo e incluso surgieron fallas en el sistema de transferencias. Cierto es que pese a contar con un refuerzo extra de 1.500 nuevos contratados interinos para completar un plantilla que ronda los 10.000 trabajadores, algunas oficinas del SEPE han rozado el colapso. “En general, en todo el territorio nacional se reconocen las prestaciones sin demora. Además de reforzar el SEPE con más personal, trabajamos en la transformación de la gestión de todo el servicio para optimizarlo”, aseguran desde el ministerio.

Pese a contar con un refuerzo extra de 1.500 nuevos contratados interinos para completar un plantilla que ronda los 10.000 trabajadores, algunas oficinas del SEPE han rozado el colapso

No opina lo mismo Juan José Ruiz. “Si no cobramos, no comemos y el Estado nos aboca a las colas del hambre aunque no sea su deseo”, advierte molesto ante la amarga espera. Ruiz concluyó su contrato de trabajo el 29 de octubre. Seis días más tarde ya estaba rellenando la pre solicitud para tramitar el subsidio por desempleo que le corresponde. Desde entonces, nadie se ha puesto en contacto con él. “La página web es una galimatías. Te marean con teléfonos inexistentes, con números donde nadie responde. Son fallos que dejan al ciudadano en la más absoluta  indefensión y vulnerabilidad”, censura.

La letrada Anabel Segado conoce bien las enormes dificultades técnicas que ha tenido que sortear el SEPE para responder a una demanda descomunal que llegó en medio del desconcierto general.  Al menos, dice la abogada, ha permitido conocer el verdadero alcance de la brecha digital en España y el grado de desconocimiento que empresas y trabajadores tienen sobre los mecanismos telemáticos. “Hay una lectura más que, a mi juicio, también es muy importante si se quieren abordar cambios profundos que mejoren el funcionamiento y la flexibilidad de la administración a la que pertenece el SEPE. Se debe reforzar toda la estructura después de años de recortes en medios y en personal, eliminar la precarización”, concluye. 

Nada menos que cuatro veces ha tenido que intervenir Pedro Sánchez para limar asperezas dentro de su gabinete por la cuestión de la reforma laboral. El debate viene cargado de espinas porque concierne a la relación entre los dos socios del Gobierno. “Sólo se producirá si hay un acuerdo social”, zanjó el presidente en su última comparecencia hace apenas dos semanas. Los sindicatos han respondido que derogarla no es una opción, “es una obligación”. O como señala un aguerrido trabajador del metal, “dar a la CEOE poder de veto en esta decisión es como poner a una zorra a cuidar de las gallinas”.

Gorka Castillo

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