La pobreza en Aragón: ¿un objetivo dentro de la Estrategia de recuperación?

La pobreza en Aragón

Por Carmen Mesa Raya, Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales.

Mientras la tasa AROPE en Aragón está subiendo y mucho en los últimos tres años, pasando del 15,8% en 2017 al 21,1% en 2019, la tasa AROPE para el conjunto nacional en estos tres años, ha pasado del 26,6% al 25,3%

Los inicios de un nuevo año son momentos para replantearnos nuevas metas en lo personal y en lo social. Las metas personales corresponden al plano de la responsabilidad individual pero las sociales vienen impulsadas por el tipo de sociedad que queremos y el cómo queremos construirla. Y ahí, en ese espacio del común, los Gobiernos responsables del diseño de las políticas públicas llevan el timón. La Agenda 2030 es la hoja de ruta que como país nos hemos dado para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y sostenible. Su primer objetivo, reducir las altas tasas de pobreza que avergüenzan a cualquiera. ¿Cómo alcanzarlo? No es este el tema central de este artículo pero dentro de las posibles opciones estarían todas aquellas orientadas a evitar la pobreza. Condiciones laborales más justas, un salario mínimo que permita a las familias cubrir sus necesidades básicas y servicios públicos que garanticen una vida digna. En definitiva, medidas dirigidas a proteger a las personas del riesgo social de la pobreza.

En esta línea, muchos colectivos y organizaciones vienen reivindicando desde hace tiempo la Renta Básica Universal e Incondicional como una de la alternativas más adecuadas para responder a los déficit de una sociedad la que el empleo ya no es la solución a la pobreza. Queda mucho por debatir sobre la prevención de la pobreza. A la par, el día a día nos obliga a seguir reflexionando sobre medidas concretas para atender a las personas en el hoy y en el ahora son pobres.

Imagino que a estas alturas estarán preguntándose cuándo podemos decir que una persona es pobre. En primer lugar es muy importante diferenciar la pobreza económica (la falta de ingresos para acceder a los bienes básicos) de la exclusión social. La exclusión social incorpora en su análisis otros parámetros además del económico. La exclusión social alude principalmente a situaciones que impiden el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Un tema complejo que no voy a tratar aquí porque excede con mucho a este pequeño artículo pero que como digo, conviene no confundir.

Ni todas las personas pobres están en situación de exclusión social, ni la exclusión social implica siempre carencia de medios económicos aunque es de suyo reconocer que la falta de ingresos es una de la variables más importantes que están presentes en el origen de los procesos de exclusión social. Por ello es tan importante prevenir y en su caso atender, las situaciones de pobreza económica.

Para decir que una persona es pobre hay un indicador aceptado y consensuado por todos los países de nuestro entorno, el AROPE. Este indicador permite medir que porcentaje de personas de un espacio territorial concreto son pobres. Su medición se basa en la denominada línea o umbral de pobreza. El umbral de pobreza es la cantidad económica que cada territorio establece como el límite por debajo del cual las personas o las familias son pobres económicamente hablando. Esta línea se establece en el 60% de la mediana de los ingresos de las unidades de consumo del territorio sobre el que hablamos, cuando hablamos de pobreza relativa, y en el 40% si hablamos de pobreza severa. La línea de pobreza, los umbrales varían en función del número de personas que integran las unidades de consumo, los hogares, puesto que lógicamente no es lo mismo un hogar formado por una sola persona que por más.

En Aragón la tasa AROPE muestra una línea ascendente desde hace tres años. En estos momentos, y según los últimos datos disponibles, nuestra Comunidad Autónoma tiene una tasa AROPE del 21,1%. La más alta en la serie que va desde el 2008-2019. Ni siquiera en los peores años de la crisis anterior (2012-2014) alcanzamos este porcentaje. Esto es muy preocupante considerando la crisis actual. Es cierto que estamos por debajo de la media nacional. España tiene una tasa AROPE del 25,3% pero hay que hacer al menos, dos puntualizaciones. En primer lugar, y como decía antes, mientras la tasa AROPE en Aragón está subiendo y mucho en los últimos tres años, pasando del 15,8% en 2017 al 21,1% en 2019, la tasa AROPE para el conjunto nacional en estos tres años, ha pasado del 26,6% al 25,3%. Y en segundo lugar, estar por debajo de la tasa nacional no debería contentarnos si consideramos que España es uno de los países de nuestro entorno que encabezan los primeros puestos de la tasa AROPE en Europa.

La crisis económica y social, generada a partir de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, aceleró la aprobación de un Real Decreto Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un mes después, el Gobierno Autonómico derogaba la que hasta entonces había sido su Renta Mínima de Inserción, el Ingreso Aragonés de Inserción (el IAI) aprobando a la par y mediante un Decreto Ley la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital. Ambos textos se encuentran en proceso de debate, como proyectos de ley, en su respectivos parlamentos.

Somos muchas las que consideramos que la derogación del Ingreso Aragonés de Inserción fue una decisión precipitada que ha impedido realizar nuevas solicitudes de IAI durante todo este tiempo. La situación es muy preocupante. El IMV no está cubriendo las expectativas generadas, que quizás fueron excesivas, y las personas y familias que necesitan de esta última red de protección dentro del sistema de garantía de Ingresos (venga de donde venga), se encuentran atrapadas en un laberinto burocrático lleno de dudas, confusión, idas, vueltas y revueltas sin obtener respuestas.

¿No hubiera sido más coherente mantener el Ingreso Aragonés de Inserción hasta ver cómo se desarrollaba y qué cubre efectivamente el Ingreso Mínimo Vital? Personalmente pienso, y la realidad así lo confirma, que hubiera bastado con no derogar el Ingreso Aragonés de Inserción liberándolo de su naturaleza subsidiaria. La situación de indefinición del IMV y la emergencia social así lo requería (y lo requiere).

De nada sirve ahora lamentarnos, estamos ya en otro escenario. Si intentamos ver el lado positivo y optimista del asunto, el Gobierno de Aragón tiene una nueva oportunidad para diseñar una prestación aragonesa complementaria del IMV que como mínimo, mantenga la cobertura (en cuantías y condiciones) del derogado IAI. Con el diagnóstico de situación, no podemos dar un paso atrás y perder los espacios ya conquistados en materia de derechos sociales.

El Ingreso Mínimo Vital, así lo explica su exposición de motivos, es una prestación suelo que debe ser complementada por las Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas. La prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que va a iniciar su tramitación en las Cortes Aragonesas, tiene como mínimo el margen que va desde lo que ahora sabemos, con el texto actual, que cubre el Ingreso Mínimo Vital hasta lo que cubría el Ingreso Aragonés de Inserción.

Este margen, que conocemos bien y que ha sido expresado por distintas voces en el proceso de audiencias públicas desarrollado en el Parlamento Aragonés con objeto de esta futura ley, no deja lugar a dudas sobre el gran acuerdo que existe respecto a muchos de los requerimientos que esta nueva norma debería contemplar. Sin ánimo de ser exhaustiva, tomando como punto de análisis el texto actual del IMV y como estándar u objetivo a perseguir, las condiciones que se establecían en el derogado IAI, en la prestación aragonesa complementaria del IMV, los ingresos a computar deberían ser los del año en curso, no los de la renta del año anterior o los de la última declaración de la renta presentada. La horquilla de acceso debería ampliarse llegando, como poco, a la que había con el IAI. Estamos hablado de unos límites de ingresos para acceder que no superan el umbral de pobreza severa. Lo mismo con respecto a sus cuantías, que son más bajas que las que el IAI contemplaba.

El acceso a los hogares unipersonales de personas menores de 30 años es casi imposible. La consideración como unidad familiar es muy restrictiva, quedando muy reducida la acreditación de cambios y nuevas situaciones. No se contemplan más de dos prestaciones por vivienda y no hay deducciones ni coeficientes correctores que introduzcan acciones positivas para situaciones complejas. En definitiva, un análisis más detenido del tema desde una perspectiva comparada entre el IMV y el derogado IAI nos permitiría identificar todas las mejoras posibles para la nueva prestación aragonesa complementaria del IMV.

Mientras vamos poco a poco hacia medidas preventivas, la atención a situaciones de pobreza es lo que ahora tenemos encima de la mesa. Mi deseo para este nuevo año es que Aragón contemple la reducción de la pobreza como un objetivo prioritario dentro de su plan de recuperación social.

Una nueva ventana de oportunidad se abre. Dejemos entrar aire fresco.

Carmen Mesa Raya, Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales.

Fuente

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