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La OCDE y la vivienda social. Una visión socialdemócrata

Vivienda social

Por Julio Rodríguez López. Doctor en Ciencias Económicas

En 2020, después de iniciada la pandemia de coronavirus, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un  oportuno trabajo sobre el problema de la vivienda, “La vivienda social: un elemento importante de las políticas de vivienda de ayer y de mañana”. El documento en cuestión describe la situación de la vivienda social en los países pertenecientes a dicho organismo y en el resto de estados miembros de la Unión Europea no representados en el mismo. La vivienda social aparece como un elemento importante de la acción pública en materia de protección social y de aportación de viviendas asequibles. Los análisis y propuestas de la OCDE presentan en dicho documento unos rasgos típicamente socialdemócratas.

Se define la vivienda social como aquellas viviendas que se alquilan a precios inferiores a los del mercado y que se distribuyen según reglas específicas. Las denominaciones y las características  de dichas viviendas varían según los distintos países, lo que dificulta las comparaciones internacionales.

La dimensión del parque de viviendas sociales respecto del conjunto de viviendas familiares es también muy dispar. En tres países del conjunto antes citado, Países Bajos, Dinamarca y Austria, el peso de la vivienda social es superior al 20% del parque total de viviendas familiares. En cinco países, Reino Unido, Francia, Irlanda, Islandia y  Finlandia,  el peso de las viviendas sociales se sitúa entre el 10% y el 20%. En el resto de países analizados la presencia es inferior al 10%, distinguiéndose entre países con presencia reducida (entre el 2% y el 9%)  y países con presencia muy reducida, inferior al 2% del parque inmobiliario total, entre los cuales está incluida España (Gráfico 1).

En cuanto a quienes son los  ocupantes de las viviendas sociales la tendencia dominante es que sean los hogares de rentas reducidas y vulnerables los principales ocupantes de las nuevas  viviendas sociales, aunque también hay casos de hogares con rentas medias. Los criterios  para acceder a dichas viviendas suelen referirse a ingresos no superiores a un determinado nivel de renta disponible, con alguna exigencia adicional. Es frecuente que para acceder a dichas viviendas existan listas de espera, destacando el ejemplo del Reino Unido, donde en este momento  las listas de espera existentes acumulan demandas de un millón de hogares.

Las viviendas sociales las aportan, por lo general, empresas y organismos  públicos, empresas privadas y entidades sin fines de lucro. En el conjunto de la OCDE y de la Unión Europea un 50% de las viviendas sociales existentes las han aportado administraciones públicas locales y regionales. El resto se reparte entre organismos con fines no lucrativos o de lucro limitado y cooperativas (15%), Administraciones Públicas nacionales (14%) y proveedores con fines lucrativos (11%).

La financiación de las viviendas sociales reviste formas diferentes. Las vías principales de financiación de las viviendas sociales son las correspondientes a los alquileres pagados por los inquilinos,  los préstamos contraídos por los organismos proveedores de dichas viviendas y, por último, las ayudas y subvenciones de otras entidades, sobre todo por parte de las administraciones públicas. Estas últimas  apoyan con frecuencia la oferta de viviendas  sociales mediante aportación directa de viviendas (de nueva construcción y usadas) o por subvenciones, desgravaciones fiscales, préstamos y  garantías de la financiación obtenida por los proveedores de las viviendas en cuestión. En este aspecto resulta relevante la aportación de  terrenos a  precio  reducido para la construcción de viviendas sociales, destacando en este punto  el papel potencialmente importante de los ayuntamientos.

En numerosos países los presupuestos públicos soportan desde hace bastante tiempo la mayor parte de la financiación de la vivienda social. Cuando los presupuestos públicos son la principal vía de financiación la nueva oferta de viviendas sociales está sometida a  los vaivenes de la evolución de las finanzas públicas. Estas últimas sufren  las consecuencias de los  frecuentes “recortes” y del incremento de los precios de los terrenos.

Austria y Alemania son ejemplos de una presencia pública importante en lo que a la nueva oferta de viviendas sociales se refiere. En principio  la oferta la aportaba el gobierno federal en ambos casos y después se pasó la responsabilidad a los estados federados en el caso de Alemania y a las regiones en el caso de Austria. En la ciudad de Viena la vivienda social es una solución de vivienda accesible permanente, que cubre una amplia proporción de la población.

En los últimos años, sobre todo después de la crisis de 2008, la inversión pública en vivienda social  ha retrocedido en la mayor parte de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Los recortes presupuestarios han afectado  negativamente a los sistemas de protección social. La mayor parte de los jóvenes con edades de hasta 29 años viven con los padres, circunstancia que revela la elevada carestía relativa de los precios de la vivienda y de los alquileres. Junto a la reducción de la oferta de viviendas sociales, los precios de las viviendas y los alquileres han crecido muy por  encima de los salarios. Esto ha dado lugar a que el acceso a la vivienda exija destinar al pago de la misma una proporción elevada de la renta disponible.

Así, después de 2008 una proporción amplia de hogares destinan  a la vivienda el 40% de la renta disponible,  que es una cuota muy elevada y que afecta a las condiciones de vida  de los hogares. Esta situación se ha agravado como consecuencia de la pandemia de Covid 19, lo que ha dado lugar a la adopción de medidas temporales de ayudas. España aparece en el documento  analizado  como uno de los países en los que se han adoptado tales medidas, entre las que la suspensión de los desahucios  de los hogares vulnerables es una de las actuaciones más frecuentes.

La situación generada por la pandemia ha acentuado el papel que deben de desempeñar los organismos y empresas, publicas y privadas,  que contribuyen a la creación de nuevas viviendas sociales. La OCDE defiende el empleo de la vivienda social como un instrumento de relanzamiento económico, que puede ser a la vez “verde” e inclusivo, y que puede paliar el serio problema de acceso a la vivienda incrementando el parque de viviendas sociales existente en cada país.

En el caso de España la  recomendación final  del estudio  en cuestión no puede resultar más oportuna. Ello es así por el carácter  minúsculo del parque de viviendas sociales existente en España (2,5% de las viviendas principales) y por la caída abrupta de la construcción de nuevas viviendas protegidas (Gráfico 2), aunque el aumento del parque de viviendas sociales puede conseguirse por vías alternativas a la nueva construcción, aunque esta última sea la vía más relevante.  Un mayor volumen de inversión en la construcción de dichas viviendas sociales contribuiría  a reforzar el crecimiento de la demanda interna de la economía.

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Julio Rodríguez López. Doctor en Ciencias Económicas, Estadístico Facultativo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis, es Vocal del Consejo Superior de Estadística. Ha sido Vocal, hasta su desaparición, del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada.

Fuente

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