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Por una Ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada

Derecho a una vivienda digna

El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda; de hecho, parece que el borrador de la ley entrará en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá de inmediato al Congreso para su debate y aprobación. 

Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental. 

La crisis habitacional es innegable: Más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, más de 1 millón de desahucios1 entre 2008 y el 3Tr del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes. Por eso, las abajo firmantes no estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley. Contra las presiones de los especuladores, llamamos a la gente de a pie a sumarse a la movilización necesaria para asegurar la protección de este Derecho humano en nuestro país. 

En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos2, y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden formarse, de hecho únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado3 por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable. 

Mientras según el INE (2011) hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa. 

En el estado español las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno4(Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%. Francia 16,8%). 

Después de haber entregado más de 60.0005 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos. Garantizando, así, una vivienda para quien lo  necesite mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen, a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda, a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas. 

Llevamos demasiados años sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos. 

Las organizaciones firmantes de este manifiesto unimos fuerzas para lanzar una campaña estatal de movilización ciudadana y conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo estas 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio: 

Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y de cumplimiento, de una vez al PIDESC6 y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores. 

Por imperativo constitucional y estatutario corresponde a las Comunidades Autónomas definir y desarrollar las políticas de vivienda, pero el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda es competencia irrenunciable del Estado, debiendo ser comunes las bases de este derecho esencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.1.a de la Constitución. 

Existe una mayoría social y también parlamentaria que apoya estas medidas, pero tenemos claro que sólo con la movilización de toda la población conseguiremos que esta Ley sea la garantía del Derecho a la Vivienda. 

¡Súmate! ¡No te quedes SIN casa! 

A continuación desarrollamos algunas propuestas para hacer efectivos los 8 puntos que reivindicamos: 

1. LA LEY DEBE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, ADECUADA, ASEQUIBLE Y ACCESIBLE COMO DERECHO SUBJETIVO, GARANTIZANDO QUE ESTA PROTECCIÓN SEA EFECTIVA Y EVITANDO QUE NINGUNA PERSONA SUFRA SITUACIÓN DE SINHOGARISMO. 

El reconocimiento del Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo implica que pase a ser exigible ante Administraciones y Tribunales, es decir, creando la obligación de los poderes públicos de disponer los medios precisos para garantizarlo desde el mismo momento de la aprobación de esta Ley. Ninguna persona debe quedar en situación de sinhogarismo. 

La opción de vivienda debe ser: 

2. STOP DESAHUCIOS DE PERSONAS VULNERABLES SIN ALTERNATIVA DE VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN ALQUILER SOCIAL ESTABLE PARA LOS GRANDES TENEDORES Y EN EL RESTO DE CASOS REALOJO DIGNO Y ADECUADO A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS. 

3. ASEGURAR Y AMPLIAR EL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER SOCIAL, COMO MÍNIMO AL 20% DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS EN VEINTE AÑOS, HACIENDO FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL DE FORMA PRIORITARIA. 

1. En primer lugar vemos fundamental no aumentar la emergencia y la demanda de parque público de familias vulnerables, para lo que proponemos estas medidas: 

2. En segundo lugar, es necesario asegurar y consolidar el parque público de vivienda ya existente: 

3. En tercer lugar, se debe ampliar el parque público de alquiler, priorizando actuar sobre viviendas ya construidas: 

4. En cuarto lugar se debe ampliar el parque total de vivienda disponible en alquiler asequible. Actuando prioritariamente sobre viviendas ya construidas: 

Por otra parte, para poder desarrollar estas medidas y la correspondiente planificación, es necesario conocer con exactitud las necesidades de vivienda: la exigible de manera inmediata y la precisa a corto y medio plazo. Para dimensionarla es ineludible concretar: a) la situación actual de emergencia habitacional que viene determinada ya por los registros de demandantes de vivienda de las diferentes comunidades autónomas; b) los procedimientos efectivamente iniciados y las amenazas de pérdida de posesión previstos por impagos de cuotas hipotecarias, de alquiler o de ocupación de vivienda; c) el aumento de necesidades a consecuencia de la crisis socio-económica provocada por el COVID-19 y d) la ampliación del derecho para sectores de población, especialmente los jóvenes, que han de acceder a la vivienda. Y, consecuentemente, los recursos que se disponen actualmente. 

4. REGULACIÓN ESTATAL DE ALQUILERES A PRECIOS ADECUADOS A LOS SALARIOS DE LA POBLACIÓN EN CADA ZONA DEL TERRITORIO. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS PARA DAR PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD A LOS INQUILINOS DEL CONJUNTO DEL PAÍS. 

5. GARANTIZAR LOS SUMINISTROS BÁSICOS DE AGUA, LUZ, GAS, Y ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES PARA EVITAR LA BRECHA DIGITAL COMO PARTE DE UNA VIVIENDA DIGNA. 

6. GARANTIZAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EFECTIVA PARA LOS HOGARES CON DEUDAS HIPOTECARIAS, Y DESARROLLAR MEDIDAS CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO Y LOS ABUSOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS. 

Ley de Segunda oportunidad: 

○ Especial protección para la vivienda habitual

○ Justicia gratuita (Abogado, procurador y mediador/administrador concursal)

Por otra parte, es necesario incorporar cambios en: 

7. AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIVIENDA SOCIAL Y POLÍTICAS SOCIALES DE VIVIENDA HASTA LLEGAR AL PROMEDIO EUROPEO DE PARQUE PÚBLICO, DESTINANDO COMO MÍNIMO EL 2% DEL PRESUPUESTO ESTATAL. ASIGNACIÓN DE UNA PARTE SUFICIENTE DE LOS FONDOS EUROPEO DE RECUPERACIÓN A ESTE OBJETIVO. 

Sin inversión pública no es posible superar la emergencia habitacional ni impulsar un parque público de alquiler, ahora minoritario en España. Hay que destinar, como mínimo el 2% del presupuesto estatal para: 

● La puesta en marcha de medidas de urgencia para que no aumente la emergencia habitacional -impulsando líneas sociales de crédito-, así como en la conservación del actual parque público, tal como se ha concretado en los puntos 3.1 y 3.2 del parque público. 

● Es necesario un Plan de Choque que desde ya dote más recursos en política social de vivienda. Y consolidar un volumen suficiente de inversión pública hasta llegar al promedio europeo de parque público (en torno al 20%) en el medio plazo, en línea con lo señalado en el punto 3.3 

● Hay que reorientar los recursos públicos en vivienda desde los beneficios fiscales a las políticas directas y de subvencionar la compraventa de viviendas a impulsar el alquiler asequible. 

● Una de las medidas a adoptar para ampliar los recursos públicos será la supresión de las ventajas fiscales de Socimis y fondos buitre, destinando estos ingresos a la política pública y social de vivienda. 

● En el corto plazo recurrir a los fondos europeos de recuperación para destinarlos a impulsar y rehabilitar un parque público de vivienda en alquiler. Como estimación, con 6.000 millones de euros se podrían adquirir 100.000 viviendas para el parque público de alquiler, que se acondicionarían con los 1.500 millones incluidos en los PGE para rehabilitación de viviendas. 

8. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN EN TODA LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

● Proceso real de participación y diálogo en la que las diferentes organizaciones (plataformas de afectados, asociaciones y sindicatos) puedan intervenir tanto en el diseño como en el posterior control de las leyes y planes en materia de derecho y acceso a la vivienda. Para que sea efectiva habrá acceso transparente a la información y a estadísticas periódicas sobre vivienda a través de la creación de una comisión de seguimiento de la Ley y de su implementación efectiva en ese proceso de participación real de las entidades y movimientos sociales. 

● De igual manera, se debe reconocer a las organizaciones que representan a las inquilinas e inquilinos frente a las empresas o particulares que se dedican al arriendo de viviendas. Este reconocimiento debe llevar implícito un ámbito de interlocución y mediación que impida la indefensión que sufren las inquilinas e inquilinos al negociar individualmente con sus arrendatarios. Por otro lado, en los bloques de propiedad vertical se establecerá la figura del representante vecinal como figura que ostente la representación de todos los inquilinos e inquilinas del bloque correspondiente (o de diversos bloques de un mismo arrendador), y con fórmulas de equiparación para esa representación en circunscripción de barrio 


1 Judicial- Efecto de la Crisis en los órganos judiciales. [Última revisión 06-12-2020] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales–civiles-y-lab orales/Civil-y-laboral/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/ 

OCDE 2019: www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/housing-conditions.html

Consejo de la Juventud: www.cje.org/en/our-work/empleo/actividades-y-campanas-del-cje/observatorio-joven-de- emancipacion/

Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2020. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG de Vivienda y Suelo Año de edición: 2020 https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW072 . Fuente: Eurostat y Observatorio “Housing Europe” 

Tribunal de Cuentas: https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/ca/sala-de-prensa/noticias/El-Tribunal-de-Cuentas-aprueba-la-Nota-de-fis calizacion-de-la-situacion-a-31-de-diciembre-de-2018-del-proceso-de-reestructuracion-bancaria/ 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx (España firmó el Pacto y el Protocolo Facultativo; posteriormente los ratificó el 27-4- 1977 y el 23-9-2010, respectivamente) 

Organizaciones impulsoras del manifiesto 

• La PAH • Movimiento Nadie sin hogar 

• Sindicato de Inquilinas e Inquilinos 

• Entrebarris 

• JOC 

• Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña 

• Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía 

• Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) 

• Coordinadora de Asambleas de trabajadores en paro de Cataluña 

• Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 

• Confederación Intersindical – CI 

• Confederación General del Trabajo – CGT 

• Comisiones Obreras – CCOO 

• Unión General de Trabajadores -UGT 

• Observatori DESC. 

• Alianza contra la pobreza energética 

• Alianza por el Derecho a la Vivienda de Madrid 

• Grupo Monitoreo DESC 

• Plataforma Contra los Fondos Buitre 

• Plataforma DESC España 

Organizaciones que ya han dado su apoyo al manifiesto 

• Intersindical Valenciana 

• Marea Blanca Catalunya 

• CNT València 

• Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià 

• Sillas contra el Hambre 

• Marea Básica 

ATTAC España 

• Marea Blanca Catalunya 

• Coordinadora Residencias 5+1 

• Red Agua Pública • IAC • Abrir Brecha • COBAS 

• Afectados BB Serveis 

• CAES • EL ROGLE 

• Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud 

• Audita Ciudadana de la deuda en Sanidad (Audita Sanidad) 

• FAVB, Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona 

• ATTAC acordem 

• Marea Colomense 

• Marea Pensionista de Catalunya 

• Abrir Fenda 

• Oficina popular de vivienda – Valladolid 

• Intersindical Salut 

• Rebeldía 

• COS de l’Horta • Obrir Escletxa

• Plataforma por una Banca Pública


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