Impuesto a las grandes fortunas, más necesario que nunca

Impuesto a las grandes fortunas

En España, las 23 personas más ricas disfrutan de una riqueza equivalente a la que tiene el 20% más pobre de la población, es decir, unos 8 millones de personas. Además, según la lista ‘Forbes’ estas fortunas vieron aumentar su riqueza un 33% durante este último año. En el mundo, según la misma fuente, el 86 % de los milmillonarios son hoy más ricos que en 2020. Eso ocurría mientras el mundo vivía la crisis económica más grave de su historia, debido a la pandemia del coronavirus, y muchas familias se veían abocadas a la pobreza.

En este contexto se ha planteado la necesidad, y la justicia, de que crear un impuesto temporal que grave las grandes fortunas, destinado a apoyar los gastos extra generados en los Estados por la crisis sanitaria, y para asegurar que nadie queda atrás en la recuperación económica tras la pandemia.

En España esta propuesta tiene el visto bueno de la mayor parte de la ciudadanía. El movimiento Millionaires for Humanity realizó una encuesta sobre este impuesto temporal a las grandes fortunas que contó con el favor de un dos de cada tres españoles.  En concreto. un 62% dijo apoyar la medida.

Hay que destacar que la gente favorable a la creación del impuesto era superior a la que se manifestaba en contra en votantes de todos los partidos políticos. Así, el 38% de los votantes de VOX han mostrado su respaldo mientras que un 28% se declaran en contra. En el caso del Partido Popular, la propuesta ha recibido el voto positivo de un 48% de los encuestados y solo un 17% la rechaza. En Ciudadanos es más de la mitad de sus votantes, el 59% los que refrendan la idea frente a un 16% que se opone. En el PSOE y Unidas Podemos los porcentajes son claramente favorables a la medida, con un 77% y 86% a favor y apenas el 4% y 3% respectivamente, en contra.

Incluso para algunos de estos ultrarricos es evidente que las grandes fortunas deben contribuir en la enorme factura que conlleva salir de esta crisis. Es lo que defiende Millionaires for Humanity, un ‘club’ de unos 200 potentados con fortunas de al menos 30 millones de dólares, la mayoría del mundo anglosajón, que piden que se les suban los impuestos. Su propuesta es poner un impuesto del 1% a partir de un patrimonio de 8 millones de euros.

Desde la Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal de la cual forma parte ATTAC Aragón apostamos por un sistema fiscal más justo que contribuya a que toda la población pueda salir de la crisis con medidas que eviten la competencia fiscal desleal entre países, mayor progresividad y frenando la evasión fiscal.

España no debería quedarse atrás ante este nuevo paradigma fiscal, que logre poner el modelo tributario al servicio de una recuperación más justa e inclusiva, adoptando medidas que deben guiar los próximos pasos en todas las decisiones públicas de nuestro país en torno a las políticas tributaria: Luchar contra la evasión y la elusión fiscal, recuperar progresividad, incrementando la tributación sobre las rentas del capital y el patrimonio de las grandes fortunas, así como conseguir que las grandes empresas paguen su parte justa son piezas fundamentales y ahora totalmente ineludibles.

LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

Además de contribuir a los gastos generados por la crisis del coronavirus, el impuesto a las grandes fortunas serviría para luchar contra la desigualdad económica, un desequilibrio que esta crisis ha agudizado.

Ya el economista Thomas Piketty en su libro ‘El capital en el siglo XXI’ defendía un impuesto a las grandes fortunas, afirmando que “permitiría evitar una interminable espiral de desigualdad y regular eficazmente la inquietante dinámica de concentración de la riqueza”. Es decir, que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres cada vez  más pobres, que es lo que viene pasando desde los años 80 del pasado siglo.

“Solo gravando el capital se puede capturar correctamente la capacidad contributiva de los titulares de fortunas considerables”, afirma Piketty, aludiendo al hecho de que, por mucho dinero que se tenga, siempre hay un límite al consumo que alguien puede hacer, por lo que no basta con los impuestos al consumo, o con los que gravan los beneficios, pues no todos se cobran sino que se dejan como ahorro o inversión.

Otros economistas como Gabriel Zucman llamaban la atención sobre lo que está pasando con la emisión de deuda pública a la que han recurrido los Estados para poder financiar las medidas sociales implementadas en esta crisis. Recordaba este joven profesor de la Universidad de Berkley que la emisión de deuda pública transfiere riqueza del sector público al privado, ya que es quien la compra. «Como un gran aumento de la deuda pública significa una gran creación de riqueza privada, parece natural pedirle a la riqueza privada que contribuya a pagar la deuda pública después de la crisis”, ha afirmado.

Otro argumento a favor de un impuesto sobre los grandes patrimonios es que funcione como palanca para incentivar una utilización productiva de la riqueza frente a quienes solamente hacen un uso especulativo. Algo sin lugar a dudas muy conveniente en épocas de crisis como la que venimos padeciendo, ya que contribuiría a reactivar la economía y sacar provecho general de bienes ahora improductivos.

LA AMENAZA DE LA DESLOCALIZACIÓN

Frente al impuesto a las grandes fortunas se esgrime siempre la amenaza de que los más adinerados abandonen el país, llevándose su riqueza a otra parte. Conviene comenzar por señalar que supone algo imposible si hablamos de posesiones inmobiliarias, tierras, etc, que pueden significar buena parte del patrimonio neto de esa fortuna.

Pero sobre todo, se hace preciso recordar aquí uno de los argumentos que Piketty ofrece para el establecimiento de un impuesto sobre el capital, que es la posibilidad de conocer de manera fehaciente la riqueza y los activos de los más acaudalados, permitiendo así alcanzar el objetivo democrático de la transparencia financiera.

Quiere esto decir que, al estar obligados a declarar sobre sus patrimonios, conoceríamos a cuánto asciende la riqueza de los más ricos, y dónde se encuentra, permitiendo así a las haciendas nacionales perseguir el fraude fiscal o la elusión. Aunque eso obligaría a que se hiciese esta transmisión de información entre países y entre regiones, y se procediese a una unificación fiscal.

Para quien se lleva las manos a la cabeza ante este impuesto, viéndolo como una temeridad no está de más recordar que ya se han establecido impuestos de este tipo en otros momentos de la historia: en 1934 el presidente Franklin Delano Roosevelt aprobó un impuesto sobre la renta del 79% para los americanos que ganaran más de 5 millones de dólares al año y uno de sucesiones, del 70%, para herencias con un valor superior a los 50 millones. Y Francia estableció un impuesto excepcional en 1945, tras la II Guerra Mundial, con tasas del 25% al 100% sobre los enriquecimientos grandes en los 5 años anteriores. Recientemente, países como Colombia, Uruguay y Argentina han puesto también en marcha un impuesto a la riqueza.

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