Manifiesto por el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar en España:

Manifiesto por el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar en España

Derecho Universal e Individual a la atención suficiente y de calidad por los Servicios Públicos de Educación Infantil y atención a la Dependencia, esenciales para las familias.

1.1. Los enormes déficits de los servicios del Estado del Bienestar español limitan seriamente los derechos que tiene la ciudadanía de acceso a los servicios sanitarios, a la educación y a la jubilación, tres pilares fundamentales de tal Estado social. La pandemia ha mostrado las graves consecuencias de la escasez de recursos en estos ámbitos.

1.2. Pero donde dicha escasez ha sido incluso más acentuada es en los servicios de cuidado, que incluyen los servicios de atención y educación a la primera infancia y los servicios de atención a las personas dependientes (tales como los servicios de atención domiciliaria y la atención residencial). Estos servicios deberían constituir el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, que garantizaría el derecho universal e individual a tales servicios esenciales para las familias españolas.

1.3. En España, decir “familias” quiere decir “mujeres”. Las mujeres son las que sufren los enormes déficits en tales servicios, con la enorme sobrecarga de responsabilidad familiar a la que contribuye la insuficiente corresponsabilidad de los hombres. La pandemia ha mostrado claramente que el actual sistema de atención a la infancia y a las personas dependientes es dramáticamente insuficiente y que conlleva una enorme explotación de las mujeres, privándolas de sus derechos y forzándolas a retirarse o a no participar en el mercado de trabajo en igualdad con los hombres.

1.4. La situación actual muestra la enorme hipocresía existente en la retórica oficial del país, que supuestamente pone a las familias en el centro de la sociedad a la vez que el Estado las ignora y no responde a sus necesidades. España es uno de los países de la UE-15 que destina menos recursos a los servicios del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. La razón de esta falta de sensibilidad es el escaso poder de las mujeres en España, muy especialmente las pertenecientes a las clases populares, en las que se acentúa todavía más su sobrecarga y explotación.

1.5. La precariedad es generalizada en todos los sectores de cuidados. Este es el caso de las trabajadoras de los servicios de atención/educación infantil y de atención a la dependencia, así como el de las cuidadoras familiares. Las empleadas del hogar, sobre quienes recae una parte importante de los cuidados a las criaturas y a las personas dependientes en las familias que pueden permitírselo, también trabajan en condiciones muy precarias, siendo el único colectivo laboral que ni siquiera tiene reconocidos los derechos del Estatuto de los Trabajadores.

1.6. Este sistema no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas que proporcionan cuidados – la mayoría mujeres -, sino también de las criaturas y las personas en situación de dependencia, que no ven atendidas de forma adecuada y suficiente sus necesidades básicas. Si la situación ya era gravísima antes de la pandemia y el confinamiento, ahora es de extrema emergencia.

1.7. Esta falta de servicios públicos de educación infantil y atención a la dependencia, como derecho universal e individual a la atención suficiente y de calidad, afecta negativamente a todos los miembros de las familias, incrementando a la vez las desigualdades de género y clase social, pues las criaturas de las familias que no pueden pagarse los servicios requeridos – como los centros educativos – quedan excluidas de poder tener una igualdad de oportunidades en su desarrollo educativo que cualquier sistema democrático debería garantizar para todos sus ciudadanos y ciudadanas.

DEBIDO A TODO ELLO, LAS PERSONAS ABAJO FIRMANTES RECLAMAMOS UNA REORIENTACIÓN URGENTE DEL SISTEMA DE CUIDADOS PARA QUE TODAS LAS NECESIDADES SEAN ATENDIDAS Y PARA QUE TODOS LOS DERECHOS SEAN ASEGURADOS. PARA ELLO CONSIDERAMOS URGENTE:

  • Completar la reforma de los permisos de maternidad y paternidad para que el 1 de enero de 2021 lleguen a ser iguales, intransferibles y con posibilidad de que, transcurridas las dos primeras semanas, las personas progenitoras puedan turnarse para cubrir a tiempo completo los primeros 8 meses de vida de sus criaturas (para lo cual hay que reformar el RD 6/2019).
  • Reconocer por ley el derecho universal a la educación infantil de 0 a 3 años pública, de calidad, gratuita, próxima al domicilio y con horarios suficientes para que todas las personas progenitoras puedan mantenerse en el empleo a tiempo completo. Es necesario crear medio millón de plazas en escuelas públicas, así como aumentar la calidad del empleo y de la atención en las escuelas existentes.
  • Reconocer por ley el derecho universal a la atención a la dependencia pública suficiente y de calidad, sin tener que contar con la concurrencia de ninguna persona de la familia para los cuidados básicos. Ello implicaría atender a unas 800.000 nuevas personas dependientes que en la actualidad no reciben cuidados, así como mejorar sustancialmente la atención a las personas con dependencia reconocida. Para ello es necesario aumentar el servicio de atención residencial y la atención a domicilio, basadas en los servicios de gestión y provisión pública, así como revertir las privatizaciones por la vía de no firmar nuevos contratos con empresas privadas ni renovar los vigentes.
  • Revertir las últimas reformas laborales y establecer por ley la jornada laboral máxima de 35 horas semanales en 5 días (no en 4), lo que permitiría unos horarios más racionales y compatibles con la corresponsabilidad familiar.

Somos conscientes de que desde algunos ámbitos con intereses políticos y económicos se argumentará que el país no tiene los recursos para garantizar tales derechos, pero la evidencia muestra que sí se tienen. No es un problema económico sino político. Por ello, pedimos a nuestros representantes que reconozcan tales derechos, garantizando el acceso universal e individual que lo haga posible. El documento ”El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género”, presentado al Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, el 15 de junio de 2020, muestra en detalle cómo podría financiarse. Bastaría un incremento presupuestario neto de unos 6.500 millones de euros a lo largo de 10 años (una media de 650 millones por año). Naturalmente, la inversión necesaria es mayor, pero una gran parte se recuperaría – como queda reflejado en el documento – por el aumento de la recaudación debido a los empleos creados y por el ahorro fiscal derivado de la supresión de figuras impositivas regresivas como las actuales desgravaciones relacionadas con la dependencia y de prestaciones igualmente regresivas como los cheques guardería o las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.

Más aún, este cambio de sistema crearía unos 650.000 nuevos empleos públicos a tiempo completo, no contaminantes y no deslocalizables, que mejorarían el bienestar de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, las criaturas, las personas dependientes, así como las mujeres cuidadoras. Asimismo, se crearían numerosos empleos indirectos relacionados con esas actividades y aumentaría el número de familias con dos ingresos, lo que contribuiría esencialmente a la reactivación económica y reduciría la pobreza; especialmente la pobreza femenina y la infantil. Es más, la experiencia en países donde existen tales derechos universales a los servicios públicos – como Suecia – ha mostrado que estos facilitan la integración de las mujeres en el mercado de trabajo, alcanzando unas elevadas tasas de ocupación femenina (cercanas al 80%, muy por encima del 62,1% español). La expansión de estos servicios, por un lado, libera a millones de mujeres de las tareas de cuidado y, por otro, incrementa la demanda doméstica, lo que facilita la integración de estas mujeres en el mercado laboral. De conseguirse una convergencia de la tasa de ocupación femenina española con la sueca, ello implicaría la incorporación de 2,5 millones de mujeres al mercado laboral, con el consecuente incremento de la renta familiar disponible y de la demanda doméstica, la reducción de las desigualdades de género y la mayor independencia económica de las mujeres. Puesto que hay otros factores, además de la existencia del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, que explican la elevada tasa de ocupación femenina sueca, es asumible que al menos la cantidad de empleos que estos servicios podrían crear –ya sea de forma directa o indirecta– sería de más de un millón.

Además de estas reformas estructurales, es necesario adoptar las siguientes medidas con carácter urgente:

  • Reapertura presencial de las escuelas de educación infantil, así como de todos los grados educativos de carácter obligatorio, garantizando su carácter de servicio esencial, respetando el derecho fundamental a la educación reconocido en la Constitución Española. Así mismo, provisión de los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de las medidas sanitarias que se consideren oportunas para que dicha apertura se realice en condiciones de seguridad y salubridad.
  • Restablecimiento total y urgente de los servicios de atención a la dependencia clausurados durante el confinamiento, al menos al nivel existente anteriormente, con una actuación inmediata para asegurar que se respetan los estándares de calidad de la asistencia y los derechos laborales de las personas trabajadoras en los servicios actuales (atención a domicilio, centros de día y residencias).
  • Finalización de la reducción /adaptación de jornada establecida en el confinamiento, y no establecimiento de ninguna prestación para el cuidado a familiares que sea incompatible con el empleo a tiempo completo.

Firma el documento en cuartopilar.es

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